El Parlamento de Ecuador denuncia a Montero por el desvío de 2,6 millones a la cooperativa de Podemos

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea de Ecuador (su Parlamento), Fernando Villavicencio, ha denunciado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al diputado podemita Rafael Mayoral ante la Fiscalía ecuatoriana por los 11 contratos públicos por valor de 2,6 millones de euros que Rafael Correa adjudicó a dedo a Kinema, la cooperativa de Podemos. En la denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, el asambleísta solicita a la fiscal general del país andino, Diana Salazar, que investigue el desfalco de fondos procedentes del Gobierno correísta y que fueron a parar presuntamente a las arcas del partido morado.

Tal y como publicó OKDIARIO, el Gobierno del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó 11 contratos públicos a dedo por valor de 2,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa de Podemos. Unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016. Estos contratos tenían como objeto un asesoramiento jurídico en materia de derecho hipotecario. A cambio de altas sumas de dinero, la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias asesoraba a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desahuciados.

Irene Montero ha sido denunciada por formar parte presuntamente de esta red de corrupción utilizada para financiar desde países latinoamericanos a Podemos. El ex embajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, denunció –en una entrevista concedida al periodista ecuatoriano Carlos Vera– estas adjudicaciones irregulares y, añadió, que «el presidente de la compañía Kinema era Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el 2015, y en el otro (lado) actuaba una señora que es Irene Montero que es la esposa de Pablo Iglesias».

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Irene Montero formaba parte de esta red, ahora denunciada ante la Fiscalía, ofreciendo unos supuestos servicios de asistencia psicológica a ecuatorianos que iban a ser desahuciados. Hay que recordar que la ministra de Igualdad se licenció en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2011.

Contratos

La denuncia recoge la documentación, desvelada en exclusiva el 13 de septiembre de 2021 por este periódico, que demuestra estos pagos. El primero de estos contratos se firmó el 23 de febrero de 2012 por un valor de 18.464,60 euros. La cooperativa de Podemos recibió este dinero por asesorar a la Embajada de Ecuador en España durante sólo tres meses, del 29 de febrero al 29 de mayo. Un contrato que fue firmado, como todos, desde el primero hasta el último, por Elena Marcello Santos, hoy presidenta de Kinema y en aquel momento, representante. En el momento en que finalizó el contrato ambas partes firmaron una ampliación del mismo por siete meses más por 25.446,30 euros.

En 2013, Kinema siguió facturando ingentes cantidades monetarias al Gobierno de Rafael Correa a través de su delegación diplomática en España. El 6 de junio de 2013, la cooperativa de Podemos firmó un nuevo contrato, con una duración de cuatro meses, por valor de 77.660,22 euros. Una cifra superior a la del año anterior. Como ocurrió en 2012, tras el término del contrato, volvieron a firmar una ampliación del mismo por cuatro meses más a cambio de otros 48.242,70 euros.

Al año siguiente, en 2014, mientras los desahucios en España no hacían más que crecer, la cooperativa de Podemos continuaba haciendo caja asesorando al Gobierno de Rafael Correa sobre los desalojos. El 27 de marzo de 2014, Kinema firmó un nuevo contrato por 351.177,66 euros por siete meses de duración. Y, al igual que en el resto de años, al finalizar, firmaron una ampliación por 312.276,02 euros para que el asesoramiento a la Embajada de Ecuador en España continuara por cinco meses más.

Financiación de Podemos

El 31 de diciembre de 2014, en plena Nochevieja, Kinema firmó un nuevo contrato, de tres meses de duración, por 323.779,06 euros. Una cifra que creció exponencialmente hasta los 914.516,06 euros tras la firma de un nuevo acuerdo el 1 de abril de 2015. Este notable incremento se debió a que la cooperativa de Podemos expandió su asesoramiento a más ciudades de España, como Barcelona, Murcia o Valencia. Después de este contrato ampliatorio, Kinema firmó un nuevo encargo por valor de 126.393 euros para continuar con sus servicios por tres meses más, hasta el término del año. El año 2016 siguió siendo próspero para la entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias. El 1 de enero, día festivo de Año Nuevo, Kinema firmó un nuevo contrato por cuatro meses de duración a cambio de 358.233,96 euros. Tras su finalización se firmó una ampliación hasta el 30 de abril de 2016 por otros 98.910, 47 euros. Ese mismo año, tal y como figura en la documentación a la que este periódico ha tenido acceso, Kinema tuvo que devolver 26.567,63 euros a la Embajada de Ecuador en España por causas desconocidas.

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que estos fondos otorgados a la cooperativa Kinema fueron a parar en última instancia a las arcas de Podemos. Añaden: «El objetivo de Correa era financiar a través de empresas interpuestas, como es esta cooperativa, al partido que entonces lideraba Pablo Iglesias». Los contratos firmados después de julio de 2015 son claves para investigar la financiación ilegal de Podemos en España, puesto que a partir de dicha fecha entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal e incorpora tipificación de un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos que reciban fondos de «gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros».

Hace un año, Vox presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que adjudicó los contratos otorgados a Kinema hasta el año 2013. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó dicha denuncia al entender que en esa fecha el Código Penal no recogía la financiación ilegal de los partidos que recibieran fondos de países extranjeros. Pero ahora, las circunstancias son bien distintas: la cooperativa de Podemos recibió fondos para financiar presuntamente al partido durante el año 2015 y 2016. Estos contratos que ya están en la Fiscalía de Ecuador ahora sí pueden ser investigados en Anticorrupción.